Manifiesto
El ejercicio de las profesiones sanitarias tiene un fuerte componente de servicio, deseado por el conjunto de la sociedad, en el que la confianza se constituye como un elemento fundamental. Por ello, la violencia en el escenario sanitario, en cualquiera de sus manifestaciones, además de repercutir gravemente en la salud, la seguridad y la calidad de vida del profesional agredido, atenta contra ese principio fundamental y afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en el trabajo como “aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas ó ataques en circunstancias relacionadas con su actividad laboral, incluyendo el trayecto entre el domicilio y su lugar de trabajo, con la implicación de que se amenace explícita ó implícitamente su seguridad, bienestar ó salud “.
Detrás de la violencia contra el personal sanitario encontramos un entramado causal de gran complejidad. El sufrimiento, la incertidumbre y el dolor favorecen situaciones de conflicto en la comunicación médico-paciente. El estrés profesional, la falta de recursos, la rutina en la práctica diaria y la sobrecarga asistencial, factores ahora más comunes, merman la capacidad del profesional para afrontar este tipo de situaciones.
La violencia en el lugar de trabajo amenaza la prestación de servicios eficaces de atención al paciente y, por tanto, la seguridad de los mismos. Para poder dispensar unos cuidados de calidad, los profesionales deben tener garantizado un entorno de trabajo seguro y un trato respetuoso, siendo contundentes en nuestra denuncia y rechazo hacia cualquier acto o manifestación de violencia, mediante una adecuada legislación, reglamentos de personal, sanciones judiciales, etc. No debe minimizarse la importancia del abuso verbal, cuyos efectos son similares a los de la violencia física, incluidas sus repercusiones en la prestación de los cuidados.
Las agresiones al personal sanitario en el ejercicio de su profesión se han convertido en los últimos años en un fenómeno de difícil abordaje. Aun cuando ya disponemos de estadísticas a nivel nacional que reflejan su dimensión real, somos conscientes que sólo representan la punta de iceberg de su verdadero alcance. La OIT y la OMS denuncian que el 25% de los incidentes de violencia en el ámbito laboral se producen en el entorno sanitario. Los datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) tras cuatro años de iniciado el Registro Nacional de agresiones, revelan una prevalencia continuada de las mismas, a pesar de que los datos de los dos últimos años hayan disminuido en números absolutos y en porcentaje.
Todo ello hace necesario un tratamiento multidimensional del problema que debe partir de un posicionamiento firme (como ante cualquier tipo de violencia):“Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero”. Debemos promover su conocimiento y abordaje integral mediante el establecimiento de unos adecuados sistemas de registro y un mapa de riesgos que nos permita conocer con precisión el alcance del problema, pero, sobre todo, se deben tomar las medidas necesarias para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario.
Desde la Organización Médica Colegial estamos trabajando para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando la consideración de delito contra la autoridad, siendo penadas con los mismos criterios en todas las Comunidades Autónomas, con la misma consideración tanto si el ámbito donde se ejerce sea público o privado y poniendo a disposición de la justicia el Registro de Sentencias Judiciales por agresiones a médicos como herramienta para lograrlo. La puesta en marcha del Curso sobre Prevención y Abordaje de las Agresiones a Médicos es una clara iniciativa proactiva por la prevención y la formación en las competencias profesionales suficientes en situaciones difíciles.
Queremos destacar y poner en valor, la actitud que desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Oficina del Defensor del Pueblo y las Consejerías de Sanidad de las CCAA se viene demostrando en este ámbito. El MSSSI ya ha expresado públicamente que una de las prioridades dentro de su Política de Recursos Humanos del SNS es la lucha contra las agresiones en el ámbito sanitario, lo que promovió en 2013 a la constitución de un grupo de trabajo en el que está presente de forma participada y activa el Observatorio contra las Agresiones de la OMC. Resulta imprescindible seguir trabajando juntos en una mayor concienciación de la sociedad ante esta lacra, con el fin de promover una conciencia social positiva de los servicios sanitarios como bien público, que debe proporcionarse en las condiciones más adecuadas posibles al individuo que lo necesita y utilizarse de forma responsable, respetando los derechos y asumiendo los deberes que ello conlleva. Un escenario de desconfianza, exigencia desmedida y agresividad sólo tiene consecuencias perjudiciales para todos, profesionales y ciudadanos.
El ejercicio de las profesiones sanitarias tiene un fuerte componente de servicio, deseado por el conjunto de la sociedad, en el que la confianza se constituye como un elemento fundamental. Por ello, la violencia en el escenario sanitario, en cualquiera de sus manifestaciones, además de repercutir gravemente en la salud, la seguridad y la calidad de vida del profesional agredido, atenta contra ese principio fundamental y afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia en el trabajo como “aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos tratos, amenazas ó ataques en circunstancias relacionadas con su actividad laboral, incluyendo el trayecto entre el domicilio y su lugar de trabajo, con la implicación de que se amenace explícita ó implícitamente su seguridad, bienestar ó salud “.
Detrás de la violencia contra el personal sanitario encontramos un entramado causal de gran complejidad. El sufrimiento, la incertidumbre y el dolor favorecen situaciones de conflicto en la comunicación médico-paciente. El estrés profesional, la falta de recursos, la rutina en la práctica diaria y la sobrecarga asistencial, factores ahora más comunes, merman la capacidad del profesional para afrontar este tipo de situaciones.
La violencia en el lugar de trabajo amenaza la prestación de servicios eficaces de atención al paciente y, por tanto, la seguridad de los mismos. Para poder dispensar unos cuidados de calidad, los profesionales deben tener garantizado un entorno de trabajo seguro y un trato respetuoso, siendo contundentes en nuestra denuncia y rechazo hacia cualquier acto o manifestación de violencia, mediante una adecuada legislación, reglamentos de personal, sanciones judiciales, etc. No debe minimizarse la importancia del abuso verbal, cuyos efectos son similares a los de la violencia física, incluidas sus repercusiones en la prestación de los cuidados.
Las agresiones al personal sanitario en el ejercicio de su profesión se han convertido en los últimos años en un fenómeno de difícil abordaje. Aun cuando ya disponemos de estadísticas a nivel nacional que reflejan su dimensión real, somos conscientes que sólo representan la punta de iceberg de su verdadero alcance. La OIT y la OMS denuncian que el 25% de los incidentes de violencia en el ámbito laboral se producen en el entorno sanitario. Los datos del Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) tras cuatro años de iniciado el Registro Nacional de agresiones, revelan una prevalencia continuada de las mismas, a pesar de que los datos de los dos últimos años hayan disminuido en números absolutos y en porcentaje.
Todo ello hace necesario un tratamiento multidimensional del problema que debe partir de un posicionamiento firme (como ante cualquier tipo de violencia):“Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero”. Debemos promover su conocimiento y abordaje integral mediante el establecimiento de unos adecuados sistemas de registro y un mapa de riesgos que nos permita conocer con precisión el alcance del problema, pero, sobre todo, se deben tomar las medidas necesarias para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario.
Desde la Organización Médica Colegial estamos trabajando para que las agresiones a sanitarios sean consideradas como violencia social, contemplando la consideración de delito contra la autoridad, siendo penadas con los mismos criterios en todas las Comunidades Autónomas, con la misma consideración tanto si el ámbito donde se ejerce sea público o privado y poniendo a disposición de la justicia el Registro de Sentencias Judiciales por agresiones a médicos como herramienta para lograrlo. La puesta en marcha del Curso sobre Prevención y Abordaje de las Agresiones a Médicos es una clara iniciativa proactiva por la prevención y la formación en las competencias profesionales suficientes en situaciones difíciles.
Queremos destacar y poner en valor, la actitud que desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Oficina del Defensor del Pueblo y las Consejerías de Sanidad de las CCAA se viene demostrando en este ámbito. El MSSSI ya ha expresado públicamente que una de las prioridades dentro de su Política de Recursos Humanos del SNS es la lucha contra las agresiones en el ámbito sanitario, lo que promovió en 2013 a la constitución de un grupo de trabajo en el que está presente de forma participada y activa el Observatorio contra las Agresiones de la OMC. Resulta imprescindible seguir trabajando juntos en una mayor concienciación de la sociedad ante esta lacra, con el fin de promover una conciencia social positiva de los servicios sanitarios como bien público, que debe proporcionarse en las condiciones más adecuadas posibles al individuo que lo necesita y utilizarse de forma responsable, respetando los derechos y asumiendo los deberes que ello conlleva. Un escenario de desconfianza, exigencia desmedida y agresividad sólo tiene consecuencias perjudiciales para todos, profesionales y ciudadanos.
