Manifiesto
Estamos asistiendo a un importante incremento de las agresiones al personal sanitario en el ejercicio de su profesión. Aun cuando no disponemos de estadísticas que a nivel nacional reflejen su dimensión real, la OIT y la OMS denuncian que el 25% de los incidentes de violencia en el ámbito laboral se producen en el entorno sanitario.
El ejercicio de las profesiones sanitarias tiene un fuerte componente de servicio, deseado por el conjunto de la sociedad, en el que la confianza se constituye como un elemento fundamental. Por ello, la irrupción de la violencia en el escenario sanitario, en cualquiera de sus manifestaciones, además de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del profesional agredido, atenta contra ese principio fundamental y afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad.
Detrás de la violencia contra el personal sanitario encontramos un entramado causal de gran complejidad. Nada justifica la agresión a otro ser humano, pero realidades como la extensión de una mentalidad individualista que entiende cualquier recurso como bien de consumo, las falsas expectativas que en la sociedad se van generando en torno a los sistemas sanitarios, y la condescendencia de los poderes públicos ante su uso abusivo, contribuyen en buena manera a la creación de un ambiente hostil incompatible con la actividad sanitaria.
Todo ello hace necesario un tratamiento multidimensional del problema que debe partir del principio de: “Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero” (como ante cualquier tipo de violencia). Se debe promover un conocimiento integral del problema mediante el establecimiento de buenos sistemas de registro, pero, sobre todo, se deben tomar las medidas necesarias para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario, y asimismo promover una percepción positiva y realista de sus servicios ante el conjunto de la sociedad.
Aunque se han producido avances significativos en el tratamiento de este problema, se hace necesario un abordaje institucional, coordinado e integral, que garantice un completo apoyo al profesional agredido desde el primer momento, y avanzar en el diseño de procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad pública es un elemento fundamental. Asimismo, se deben proporcionar las medidas de prevención y protección que sean necesarias para garantizar un ejercicio seguro de las profesiones sanitarias.
Exigimos un claro compromiso de los poderes públicos y una concienciación de la sociedad ante esta lacra, promoviendo una conciencia social positiva de los servicios sanitarios como bien público, que debe proporcionarse en las condiciones más adecuadas posibles a cada individuo que lo necesite, y utilizarse de forma responsable, respetando los derechos y asumiendo los deberes que ello conlleva. Un escenario de desconfianza, exigencia desmedida y agresividad sólo tiene consecuencias perjudiciales para todos, profesionales y ciudadanos.
Estamos asistiendo a un importante incremento de las agresiones al personal sanitario en el ejercicio de su profesión. Aun cuando no disponemos de estadísticas que a nivel nacional reflejen su dimensión real, la OIT y la OMS denuncian que el 25% de los incidentes de violencia en el ámbito laboral se producen en el entorno sanitario.
El ejercicio de las profesiones sanitarias tiene un fuerte componente de servicio, deseado por el conjunto de la sociedad, en el que la confianza se constituye como un elemento fundamental. Por ello, la irrupción de la violencia en el escenario sanitario, en cualquiera de sus manifestaciones, además de repercutir gravemente en la salud y en la calidad de vida del profesional agredido, atenta contra ese principio fundamental y afecta de forma sustancial a la actividad sanitaria, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad.
Detrás de la violencia contra el personal sanitario encontramos un entramado causal de gran complejidad. Nada justifica la agresión a otro ser humano, pero realidades como la extensión de una mentalidad individualista que entiende cualquier recurso como bien de consumo, las falsas expectativas que en la sociedad se van generando en torno a los sistemas sanitarios, y la condescendencia de los poderes públicos ante su uso abusivo, contribuyen en buena manera a la creación de un ambiente hostil incompatible con la actividad sanitaria.
Todo ello hace necesario un tratamiento multidimensional del problema que debe partir del principio de: “Ante las agresiones al personal sanitario, tolerancia cero” (como ante cualquier tipo de violencia). Se debe promover un conocimiento integral del problema mediante el establecimiento de buenos sistemas de registro, pero, sobre todo, se deben tomar las medidas necesarias para proteger a los profesionales y, con ellos, al conjunto del sistema sanitario, y asimismo promover una percepción positiva y realista de sus servicios ante el conjunto de la sociedad.
Aunque se han producido avances significativos en el tratamiento de este problema, se hace necesario un abordaje institucional, coordinado e integral, que garantice un completo apoyo al profesional agredido desde el primer momento, y avanzar en el diseño de procedimientos judiciales rápidos, expeditivos y ejemplarizantes, en los que la consideración como delito de atentado contra la autoridad pública es un elemento fundamental. Asimismo, se deben proporcionar las medidas de prevención y protección que sean necesarias para garantizar un ejercicio seguro de las profesiones sanitarias.
Exigimos un claro compromiso de los poderes públicos y una concienciación de la sociedad ante esta lacra, promoviendo una conciencia social positiva de los servicios sanitarios como bien público, que debe proporcionarse en las condiciones más adecuadas posibles a cada individuo que lo necesite, y utilizarse de forma responsable, respetando los derechos y asumiendo los deberes que ello conlleva. Un escenario de desconfianza, exigencia desmedida y agresividad sólo tiene consecuencias perjudiciales para todos, profesionales y ciudadanos.
