El Consejo General de Colegios de Médicos manifiesta su sorpresa y honda preocupación por la ley que obligará a los médicos italianos a denunciar a inmigrantes ilegales. Una medida impropia de un país desarrollado que rompe con los principios básicos para un ejercicio médico y una asistencia sanitaria de calidad. Ante la cual manifestamos nuestro absoluto rechazo.
Los médicos tienen el deber ético y la responsabilidad profesional de velar por la salud de sus pacientes, lo que incluye tanto obligaciones de buena práctica profesional como la obligación de guardar y hacer guardar el secreto y confidencialidad de aquello que se les confía o conocen en su relación con el paciente. La protección de la intimidad y el respeto a la dignidad de las personas son un requisito inseparable de la eficacia y eficiencia de la asistencia sanitaria, la cual debe prestarse con independencia de la edad, sexo, orientación sexual, capacidad o discapacidad física, raza, religión, cultura, creencias, afiliación política, medios económicos o nacionalidad de los pacientes.
El Código de Ética y Deontología Médica en España establece con firmeza que “el médico guardará secreto de todo lo que el paciente le haya confiado y de todo lo él haya conocido en el ejercicio de la profesión” (Art. 14). Tan sólo en algunos casos, y si se considera necesario con el asesoramiento del Colegio, el médico podrá revelar el secreto con discreción y en forma restringida, cuando exista un imperativo legal o cuando del silencio se pueda derivar un grave daño personal o colectivo, y es evidente que el conocimiento del estatus legal de la persona atendida por un médico no puede constituir por sí mismo un motivo de riesgo ni de daño potencial que sea evitable mediante su denuncia a la autoridad. Por consiguiente, aunque hubiera una norma legal que exigiera informar de la condición de residencia ilegal del paciente, los médicos se deben negar a romper por esta causa el deber de secreto profesional.
Una medida que favorece el riesgo para la salud pública
Una norma legal de esta naturaleza ocasiona graves daños, que pueden llegar a ser irreversibles en los grupos más vulnerables como, por ejemplo, la población infantil. Ante el riesgo de ser denunciadas, los padres de estos niños evitarán acudir a los servicios de asistencia sanitaria, incluida la vacunación y los cuidados médicos infantiles, incluso se les obligará a nacer clandestinamente fuera de los hospitales y se les dejará, en consecuencia, sin ningún tipo de protección sanitaria e indefensos ante la enfermedad, ante el riesgo de incapacidad o incluso de muerte por falta de asistencia médica.
Pero además ese miedo a ser delatados, esa pérdida general de confianza en el médico al verlo integrado en el engranaje policial, trasladará esa desconfianza a todos los ciudadanos y propiciará una sanidad paralela y clandestina al sentirse amenazados, justificada o injustificadamente, por los servicios y estructuras sanitarias, o simplemente no sean atendidos y en consecuencia no se identifiquen las prácticas sanitarias incorrectas y no sean declaradas las enfermedades infecto contagiosas, con todos los riesgos que esto implica.
El estado es el responsable de la salud pública, es decir, es el titular de la obligación de conocer, prevenir y actuar contra todo lo que condicione la salud
individual y colectiva. En consecuencia debe garantizar el libre acceso a los servicios sanitarios de cualquier persona independientemente de su condición. Cualquier medida que condicione la libertad de acceso a los servicios sanitarios provocará que muchos pacientes, incluidos niños, dejen de ser atendidos. De esta forma, una parte de la población en la que pueden aparecer enfermedades infecto contagiosas, pasará a ser invisible para los sistemas de salud, lo que supone un atentado contra la salud de dichos pacientes y de la población en general.
Solidaridad con los médicos italianos
El Consejo General de Colegios de Médicos manifiesta que este no es el camino para afrontar la inmigración ilegal y hace llegar su apoyo y solidaridad con los médicos italianos y sus organizaciones profesionales. En consecuencia denunciaremos esta situación ante las Organizaciones Médicas Europeas y la Asociación Médica Mundial a fin de que realicen un pronunciamiento al respecto para que se restablezca la cordura política frente a este tipo de iniciativas legislativas.
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos
