El Consello Galego de Colexios Médicos apoya la reivindicación que el Colectivo de Médicos de Sanidad Penitenciaria está planteando a todos los Gobiernos Autonómicos de España y a sus Servicios Públicos de Salud y que consiste en reclamar la trasferencia de la Sanidad Penitenciaria desde el Ministerio del Interior a las Consejerías de Salud Autonómicas.
La reclamación está basada en la necesidad de mejorar la calidad asistencial a las personas privadas de libertad en Galicia y en el resto del territorio español, equiparándolas al resto de ciudadanos.
Este colectivo profesional entiende que tanto los medios como las condiciones profesionales y la organización asistencial de la que disponen, son muy distintas a las de los sistemas públicos de salud y determinan una falta de equidad para los pacientes a los que ellos atienden.
La situación actual supone un incumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de Mayo del 2003 que ordenaba la trasferencia de la Sanidad Penitenciaria desde el Ministerio del Interior a las Consejerías de Salud Autonómicas.
Este hecho se ha reconocido, por unanimidad absoluta, en votación plenaria en el Senado en octubre de 2016, y en la Comisión de Interior Del Parlamento del Estado en diciembre del 2016. En Galicia fue debatido y aprobado en Mayo del 2015 en el Parlamento de Galicia consensuándose por todos que “no quieren una sanidad penitenciaria que funcione como un cantón y que su dotación económica debe ser justa y adecuada”.
El Consello Galego de Colexios Médicos, la Vocalía Autonómica Galega de Médicos de Administraciones Públicas y la Coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial (OMC), la Dra. Carmen Hoyos, mantuvieron hace unos días una reunión con el Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para tratar este tema.
El Vicepresidente manifestó expresamente su buena disposición para asumir la competencia en Sanidad Penitenciaria si el proceso trasferencial se plantea desde el Gobierno del Estado en las condiciones y con la financiación adecuada. Tampoco cerró la puerta a un eventual acuerdo a nivel del Consejo Interterritorial de Sanidad para dicha transferencia a los Servicios Autonómicos de Salud.
En todo caso, los médicos esperamos que en el plazo más breve posible, este necesario cambio en la sanidad penitenciaria pueda darse y en consonancia con la Ley de Cohesión y los pronunciamientos parlamentarios, se revierta la desigualdad actual en la asistencia sanitaria para con los reclusos de las cárceles gallegas y los profesionales que los atienden.
La reclamación está basada en la necesidad de mejorar la calidad asistencial a las personas privadas de libertad en Galicia y en el resto del territorio español, equiparándolas al resto de ciudadanos.
Este colectivo profesional entiende que tanto los medios como las condiciones profesionales y la organización asistencial de la que disponen, son muy distintas a las de los sistemas públicos de salud y determinan una falta de equidad para los pacientes a los que ellos atienden.
La situación actual supone un incumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS de Mayo del 2003 que ordenaba la trasferencia de la Sanidad Penitenciaria desde el Ministerio del Interior a las Consejerías de Salud Autonómicas.
Este hecho se ha reconocido, por unanimidad absoluta, en votación plenaria en el Senado en octubre de 2016, y en la Comisión de Interior Del Parlamento del Estado en diciembre del 2016. En Galicia fue debatido y aprobado en Mayo del 2015 en el Parlamento de Galicia consensuándose por todos que “no quieren una sanidad penitenciaria que funcione como un cantón y que su dotación económica debe ser justa y adecuada”.
El Consello Galego de Colexios Médicos, la Vocalía Autonómica Galega de Médicos de Administraciones Públicas y la Coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Organización Médica Colegial (OMC), la Dra. Carmen Hoyos, mantuvieron hace unos días una reunión con el Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para tratar este tema.
El Vicepresidente manifestó expresamente su buena disposición para asumir la competencia en Sanidad Penitenciaria si el proceso trasferencial se plantea desde el Gobierno del Estado en las condiciones y con la financiación adecuada. Tampoco cerró la puerta a un eventual acuerdo a nivel del Consejo Interterritorial de Sanidad para dicha transferencia a los Servicios Autonómicos de Salud.
En todo caso, los médicos esperamos que en el plazo más breve posible, este necesario cambio en la sanidad penitenciaria pueda darse y en consonancia con la Ley de Cohesión y los pronunciamientos parlamentarios, se revierta la desigualdad actual en la asistencia sanitaria para con los reclusos de las cárceles gallegas y los profesionales que los atienden.
