La Asamblea General del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM), celebrada el pasado sábado en Santiago de Compostela (A Coruña) aprobó una declaración para instar al Poder Legislativo a la reforma urgente de la actual Ley de Incompatibilidades 53/1984, al considerar que no es extrapolable a la situación actual en el sector sanitario
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En su declaración, el CGCOM advierte que esta normativa, de hace 35 años, es muy aleatoria en los diferentes Servicios Autonómicos de salud, por lo que genera discriminación y desconcierto entre los profesionales sanitarios afectados. Asimismo, considera que atenta contra la libre circulación de los médicos en similares condiciones de libre competencia.
Una de las consecuencias de la persistencia de la actual Ley de incompatibilidades y de su variable interpretación, es la renuncia de muchos médicos que ejercen o van a ejercer en el ámbito privado, a seguir trabajando en el sistema público de salud.
Por todo ello, insta a una profunda revisión de la misma por parte del legislador al objeto de poder disponer de una regulación de acuerdo con la realidad social actual.
Declaración
La Asamblea General del CGCOM, celebrada en Santiago de Compostela (A Coruña) el pasado 23 de febrero aprobó la siguiente declaración:
1.- La Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y su desarrollo en el R. D. 598/1985, "norma todavía hoy en vigor” se dictó en cumplimiento del mandato constitucional preceptuado en el art. 103.3 de la Constitución, exigiendo un planteamiento uniforme entre las distintas Administraciones Públicas que garantizara a los interesados un tratamiento común entre ellas, lo que obviamente no se cumple pues dependiendo de la Comunidad que se trate, así se aplica.
2.- Esta Ley, de hace ya 35 años, dictada en un contexto histórico en el que el régimen de incompatibilidades entonces contemplado no es extrapolable a la situación actual, y habiéndose promulgado con anterioridad a la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, a la del 2003, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, e incluso a la propia Ley General de Sanidad de 1986, requiere una revisión a fondo de la misma por parte del legislador, donde sería apropiado interpretar y aplicar una regulación de acuerdo con la realidad social actual.
3.- Entendemos que en su aplicación, se ha penalizado al ejercicio privado de la medicina, dificultando compatibilizar su ejercicio a los médicos que trabajan en el sector público, con la obligada renuncia a la percepción del complemento específico en unos casos o la imposibilidad de acceder a puestos de responsabilidad profesional en otros, entendiendo que se vulnera los principios de Igualdad, Mérito y Capacidad de los profesionales y cercena la libre elección de los pacientes.
4.-El gran dinamismo y la complejidad, así como la aparición de superespecialidades en la atención sanitaria, necesita evitar la pérdida de talento en el excelente sistema público de salud del que disponemos. Es una cuestión de inteligencia, de suma de recursos, esfuerzos y conocimiento.
5.- La interpretación y aplicación de la actual Ley de Incompatibilidades ha sido y sigue siendo muy aleatoria en los diferentes Servicios Autonómicos de Salud del Estado, generando discriminación y desconcierto entre los profesionales afectados, y atenta contra la libre circulación de los médicos en similares condiciones de libre competencia.
6.- El derecho de elección de médico por aquellos funcionarios, que perteneciendo al Sistema Nacional de Salud, tienen aseguradoras privadas ajenas a los Servicios de Salud autonómicos (MUFACE, ISFAS, MUGEJU), ve limitada su actual oferta sanitaria por una interpretación restrictiva de la Ley.
7.- Tampoco se entiende la exclusión/penalización que muchos servicios autonómicos de salud mantienen con los médicos que compatibilizan su actividad pública con el ejercicio privado, para acceder a las Jefaturas Clínicas y de Servicio. Esta limitación, anula las posibilidades de desarrollo profesional del médico afectado, así como un menoscabo y pérdida de valor para la excelencia de la propia sanidad pública.
8.- Una de las consecuencias de la persistencia de la actual Ley de incompatibilidades y de su variable interpretación, es la renuncia de muchos médicos que ejercen o van a ejercer en el ámbito privado, a seguir trabajando en el sistema público de salud, limitando, aún más, los recursos humanos de los servicios públicos de salud en un momento en el que las expectativas demográficas de la profesión, puestas de manifiesto tanto en el estudio publicado por el CGCOM como por alguno de sus Consejos Autonómicos, es especialmente preocupante para la sostenibilidad del SNS tal como lo conocemos.
9.- En base a estos argumentos, la Asamblea del CGCOM insta al poder legislativo a la reforma urgente de la Ley de Incompatibilidades de diciembre de 1984, en los términos que se deducen de los puntos anteriores.
