La Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que solicita que traslade al Gobierno la “impunidad” de la inmensa mayoría de las agresiones verbales, amenazas y coacciones que consagra el Anteproyecto de Código Penal.
“Indefensión”, “inseguridad jurídica”, “desamparo” son términos con los que, en el escrito al Defensor del Pueblo, la OMC cuestiona el nuevo Anteproyecto de Código Penal que supone un “claro retroceso” en la lucha contra las agresiones. Solicita también que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se incremente la actividad preventiva con mayor formación a los profesionales
“Indefensión”, “inseguridad jurídica”, “desamparo” son términos con los que, en el escrito al Defensor del Pueblo, la OMC cuestiona el nuevo Anteproyecto de Código Penal que supone un “claro retroceso” en la lucha contra las agresiones. Solicita también que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se incremente la actividad preventiva con mayor formación a los profesionales
El escrito, firmado por el presidente de la corporación, Dr. Juan José Rodriguez Sendin, hace una serie de consideraciones sobre las agresiones, en concreto, las que se realizan en el ámbito sanitario, desde las agresiones físicas a las verbales o cualquier otro comportamiento intimidatorio, realizadas por un paciente, familiar o acompañante contra un profesional médico en el ejercicio de su función y causando un daño físico o psicológico.
Se señala la labor llevada a cabo por el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC que surgió ante el creciente incremento de las agresiones a médicos y tuvo su punto de inflexión con el asesinato en 2009 de la Dra. María Eugenia Moreno, médico residente en el centro de salud de Moratalla (Murcia). En base a los datos registrados desde entonces en este Observatorio, se ha experimentado un claro descenso de este tipo de actos violentos. Sin embargo, siguen existiendo carencias y necesidades que ahora la OMC recoge en este escrito de quejas, reclamaciones y propuestas al Defensor del Pueblo por considerar que estas necesidades deben ser cubiertas para una mayor eficacia en la lucha contra las agresiones.
El escrito hace un análisis de la situación actual de las leyes penales a la hora de enjuiciar las agresiones a médicos y señala que “no existe unificación de criterios” y que el marco normativo está caracterizado por la “fragmentación y el personalismo” provocando criterios contrapuestos en un mismo territorio judicial, lo que, a juicio de la OMC, provoca en los profesionales “inseguridad jurídica”.
En el escrito, se pone de manifiesto que con el vigente Código Penal no existe un tratamiento jurídico unitario a la hora de abordar las agresiones a médicos y que es distinta la tramitación y las consecuencias si el médico trabaja en el Sistema público de salud o en un centro privado.
El informe expone que, si los hechos acaecen en el SNS, existe un cierto consenso en los supuestos en los que la agresión es física o ha mediado una resistencia o intimidación grave, pero el problema surge cuando se trata de una agresión verbal y/o amenaza o coacción leve, donde existen una “fragmentación y personalismo” y pueden existir criterios contrapuestos en un mismo territorio judicial, en la misma Sección de una misma Audiencia, incluso cambios de criterios a la hora de las resoluciones con el mismo juez, lo que supone, según la OMC, un “claro ejemplo de inseguridad jurídica”.
También señala la necesidad de que las iniciativas legislativas que confieren al médico de los Servicios Públicos de Salud la condición de autoridad pública, llevadas a cabo en CC.AA. como Castilla y León y Aragón, se cristalicen a nivel nacional, tal y como acordó el Consejo Interterritorial este año y se recoja esta condición de autoridad al personal sanitario en la reforma del Anteproyecto del Código Penal.
La OMC expresa la preocupación y decepción del colectivo médico ante el nuevo texto del Código Penal por considerar que se puede producir un “enorme retroceso” en la lucha contra las agresiones al poner en tela de juicio algo que existía consenso en la práctica judicial como es la consideración del profesional sanitario como sujeto pasivo de los delitos de atentado, resistencia y/o desobediencia grave.
También cuestiona que las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones de carácter leve pasan a tener una respuesta en la vía administrativa, lo que, a juicio de la OMC, “va a consagrar la impunidad de la inmensa mayoría de los agresiones verbales” a los sanitarios.
En el escrito al Defensor del Pueblo defiende la protección integral del acto médico como uno de los pilares sobre los que descansa el derecho constitucional a la protección de la salud y, como tal, digno de la misma protección jurídica, independientemente de cuál sea el entorno en el que se realiza el mismo, sea público o privado. Y, por ello, considera que la aplicación del Art. 550 del nuevo Código Penal genera “desamparo” y “desprotección” de los profesionales del sector privado.
En el escrito al Defensor del Pueblo, la OMC solicita la modificación del la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 14 y 436 para que las agresiones verbales no sean enjuiciadas en un Juzgado de Paz, sino por jueces y magistrados de carrera y tengan acceso a una Audiencia Provincial por la vía de apelación. También pide que se supriman los datos personales del facultativo en atestados y denuncias, sustituyéndolos por el número de colegiado y lugar de prestación de servicios.
Finalmente, pide que se incremente la actividad preventiva, es especial, la formación del médico en el manejo de situaciones de conflicto y agresividad, así como medidas de apoyo y auxilio para el médico objeto de agresión. Otras propuestas preventivas son que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acompañen al médico que reclame su auxilio en intervenciones domiciliarias en las que se haya evaluado un riesgo de agresión; que los establecimientos sanitarios cuenten con mecanismos materiales necesarios que permitan al facultativo recabar auxilio y ayuda externos y que las dependencias sanitarias contemplen la posibilidad de huida del médico o sanitario en situación de riesgo.
El escrito ha sido entregado en la sede del Defensor del Pueblo por el coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC, Dr. Alberto Becerra, quien ha manifestado que en él se ha querido plasmar la “situación de indefensión” que deja a los sanitarios el nuevo Código Penal, en especial, en lo referente a las faltas leves, así como la desprotección existente de los profesionales que trabajan en el sector privado.
En lo referente a las acciones preventivas, cuestionó que en la formación en Medicina no se aborde “cómo salir de situaciones límite” y anunció un plan formativo de la OMC a nivel nacional para enseñar a los profesionales como afrontar situaciones violentas y complicadas
Se señala la labor llevada a cabo por el Observatorio Nacional de Agresiones de la OMC que surgió ante el creciente incremento de las agresiones a médicos y tuvo su punto de inflexión con el asesinato en 2009 de la Dra. María Eugenia Moreno, médico residente en el centro de salud de Moratalla (Murcia). En base a los datos registrados desde entonces en este Observatorio, se ha experimentado un claro descenso de este tipo de actos violentos. Sin embargo, siguen existiendo carencias y necesidades que ahora la OMC recoge en este escrito de quejas, reclamaciones y propuestas al Defensor del Pueblo por considerar que estas necesidades deben ser cubiertas para una mayor eficacia en la lucha contra las agresiones.
El escrito hace un análisis de la situación actual de las leyes penales a la hora de enjuiciar las agresiones a médicos y señala que “no existe unificación de criterios” y que el marco normativo está caracterizado por la “fragmentación y el personalismo” provocando criterios contrapuestos en un mismo territorio judicial, lo que, a juicio de la OMC, provoca en los profesionales “inseguridad jurídica”.
En el escrito, se pone de manifiesto que con el vigente Código Penal no existe un tratamiento jurídico unitario a la hora de abordar las agresiones a médicos y que es distinta la tramitación y las consecuencias si el médico trabaja en el Sistema público de salud o en un centro privado.
El informe expone que, si los hechos acaecen en el SNS, existe un cierto consenso en los supuestos en los que la agresión es física o ha mediado una resistencia o intimidación grave, pero el problema surge cuando se trata de una agresión verbal y/o amenaza o coacción leve, donde existen una “fragmentación y personalismo” y pueden existir criterios contrapuestos en un mismo territorio judicial, en la misma Sección de una misma Audiencia, incluso cambios de criterios a la hora de las resoluciones con el mismo juez, lo que supone, según la OMC, un “claro ejemplo de inseguridad jurídica”.
También señala la necesidad de que las iniciativas legislativas que confieren al médico de los Servicios Públicos de Salud la condición de autoridad pública, llevadas a cabo en CC.AA. como Castilla y León y Aragón, se cristalicen a nivel nacional, tal y como acordó el Consejo Interterritorial este año y se recoja esta condición de autoridad al personal sanitario en la reforma del Anteproyecto del Código Penal.
La OMC expresa la preocupación y decepción del colectivo médico ante el nuevo texto del Código Penal por considerar que se puede producir un “enorme retroceso” en la lucha contra las agresiones al poner en tela de juicio algo que existía consenso en la práctica judicial como es la consideración del profesional sanitario como sujeto pasivo de los delitos de atentado, resistencia y/o desobediencia grave.
También cuestiona que las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones de carácter leve pasan a tener una respuesta en la vía administrativa, lo que, a juicio de la OMC, “va a consagrar la impunidad de la inmensa mayoría de los agresiones verbales” a los sanitarios.
En el escrito al Defensor del Pueblo defiende la protección integral del acto médico como uno de los pilares sobre los que descansa el derecho constitucional a la protección de la salud y, como tal, digno de la misma protección jurídica, independientemente de cuál sea el entorno en el que se realiza el mismo, sea público o privado. Y, por ello, considera que la aplicación del Art. 550 del nuevo Código Penal genera “desamparo” y “desprotección” de los profesionales del sector privado.
En el escrito al Defensor del Pueblo, la OMC solicita la modificación del la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 14 y 436 para que las agresiones verbales no sean enjuiciadas en un Juzgado de Paz, sino por jueces y magistrados de carrera y tengan acceso a una Audiencia Provincial por la vía de apelación. También pide que se supriman los datos personales del facultativo en atestados y denuncias, sustituyéndolos por el número de colegiado y lugar de prestación de servicios.
Finalmente, pide que se incremente la actividad preventiva, es especial, la formación del médico en el manejo de situaciones de conflicto y agresividad, así como medidas de apoyo y auxilio para el médico objeto de agresión. Otras propuestas preventivas son que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acompañen al médico que reclame su auxilio en intervenciones domiciliarias en las que se haya evaluado un riesgo de agresión; que los establecimientos sanitarios cuenten con mecanismos materiales necesarios que permitan al facultativo recabar auxilio y ayuda externos y que las dependencias sanitarias contemplen la posibilidad de huida del médico o sanitario en situación de riesgo.
El escrito ha sido entregado en la sede del Defensor del Pueblo por el coordinador del Observatorio de Agresiones de la OMC, Dr. Alberto Becerra, quien ha manifestado que en él se ha querido plasmar la “situación de indefensión” que deja a los sanitarios el nuevo Código Penal, en especial, en lo referente a las faltas leves, así como la desprotección existente de los profesionales que trabajan en el sector privado.
En lo referente a las acciones preventivas, cuestionó que en la formación en Medicina no se aborde “cómo salir de situaciones límite” y anunció un plan formativo de la OMC a nivel nacional para enseñar a los profesionales como afrontar situaciones violentas y complicadas
