La iniciativa parlamentaria de modificar la actual Ley sobre Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios está en marcha tras el apoyo recibido por todos los Grupos Políticos. Sin embargo, arranca sin una propuesta ordenada, provocando un aluvión de interrogantes. A partir de ahora, el Parlamento, porque también es su obligación, tendrá que despejar una serie de incógnitas que rodean a la práctica de la utilización de fármacos que se les va a otorgar a otros profesionales sanitarios como es el caso del personal de enfermería y de podología. “Aunque, como dijimos en su momento, ha quedado demostrado que era preciso cambiar la ley para poder responder a la propuesta del anterior Ministerio de Sanidad, se ha articulado la legislación sin saber exactamente de qué estamos hablando,”, según ha manifestado el presidente del Consejo General de Colegios Médicos (CGCOM), el doctor Juan José Rodríguez Sendín.
En estos momentos son innumerables las cuestiones que surgen: en qué condiciones se va a prescribir y con qué garantías; qué medios se van a utilizar, a qué tipo de pacientes va dirigida esta práctica; qué clase de medicamentos se van a poner en manos de estos profesionales; cómo se va a coordinar con la actividad del médico para que no se produzcan duplicidades sobre el mismo paciente; quién va a coordinar acciones que puedan ser discrepantes entre ambos tipos de profesionales ante una misma patología; y si esta práctica va a tener carácter obligatorio para el conjunto de la enfermería o sólo para un grupo selecto con una formación específica, sólo por poner un ejemplo.
Desde el CGCOM existe el convencimiento de que toda esta batería de cuestiones tiene su respuesta, respuesta que, sin embargo, los médicos a día de hoy desconocen. Como sostiene su presidente, el doctor Rodríguez Sendín, “si bien estamos de acuerdo en el fondo, puesto que entendemos que cualquier práctica en el Sistema Nacional de Salud debe ser regulada y aclarada con absoluta nitidez para que no dé lugar a errores ni para los pacientes ni para los profesionales, también expresamos nuestra negativa ante tanta cuestión pendiente, y, fundamentalmente, porque se ha hecho en un marco de confrontación sin que, en ningún caso, nadie haya buscado el consenso previo de los grupos profesionales afectados para darle a este asunto una salida más factible que la que se produce en dicho clima de confrontación. Todo ello ha empujado a nuestra petición de retirada de la proposición de ley ante el debate en el Congreso de los Diputados”.
Desde el CGCOM se entiende que hay que regular toda práctica profesional y si, como señala su presidente, “la enfermería tiene claras cuáles son sus competencias y la Administración, por su parte, sabe con exactitud qué prácticas ha de realizar esta profesión, no nos queda más que demandar que se regule con absoluta claridad y nitidez tanto para ellos como para el resto de profesionales con los que interactúan”.
No obstante, -añade- la duda nos embarga “por el carácter
indefinido de la norma y porque también tiene una importante repercusión en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, entre cuyas principales finalidades está la de definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los grupos profesionales del ámbito sanitario”.
Los políticos se escudan en que se trata de dar seguridad jurídica a una práctica que viene siendo habitual entre el colectivo de enfermería, argumento que desde la clase médica se afirma no ser cierto. “No hay nadie que trate enfermedades de forma individualizada, ni nadie asigna medicamentos a patologías de forma autónoma”.
Todo esto puede que ahora sea posible y hasta cierto punto “lo celebramos porque suponemos que si se hace correctamente va a redundar en una descarga para los médicos, si se mantiene la calidad asistencial para los pacientes”, desde el punto de vista del presidente del CGCOM.
En relación a algunas afirmaciones realizadas desde la Tribuna del Congreso de los diputados por algún médico adscrito a algún partido político, “debo decir –concluye- que yo no he visto todavía a ningún ciudadano pidiendo ser atendido por un profesional distinto a un médico en los centros sanitarios bajo condiciones normales”.
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