- El Fiscal Jefe Provincial Carlos Valenzuela, en ejercicio de sus funciones, asume, en la parte que le corresponde en la provincia de Ourense, junto con el Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ourense José Luis Jiménez, el cumplimiento y desarrollo del convenio de colaboración firmado por el fiscal superior y los presidentes de las organizaciones médicas provinciales el 22 de julio de 2019
- El documento establece un protocolo para garantizar la eficacia en la investigación, persecución y castigo de actos violentos contra médicos
Ourense, 25 de noviembre de 2019.- El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, y los presidentes de los Colegios Oficiales de Médicos de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, firmaron el 22 de julio, un Convenio de Colaboración que tiene como objetivo coordinar los esfuerzos para combatir las agresiones físicas o verbales contra facultativos que prestan sus servicios en centros públicos y privados de la comunidad autónoma de Galicia.
A día de hoy, el Fiscal Jefe Provincial de Ourense Carlos Valenzuela y el Colegio Médico establecen los cauces para el desarrollo en nuestra provincia de dicho Convenio.
El convenio establece un protocolo para facilitar la actuación inmediata en caso de que se produzca un incidente violento contra un médico, articulando los mecanismos de cooperación necesarios para garantizar la eficacia en la investigación, persecución y castigo de dichas infracciones penales.
Según el texto firmado, el médico objeto de una agresión en el ejercicio de sus funciones deberá remitir el parte de lesiones si lo hubiere, o la documentación concerniente al caso, directamente al Colegio de Médicos.
Desde este órgano se procederá de inmediato a presentar una denuncia ante la Fiscalía de Ourense, de forma que será el Ministerio Público el que se encargue de abrir las oportunas diligencias de investigación penal y, en caso de estimar que existen indicios suficientes de delito, llevar el asunto ante el juzgado de instrucción. Además, la Fiscalía se compromete a realizar un seguimiento particular una vez que se incoen diligencias por el órgano judicial.
El convenio prioriza este procedimiento a la presentación de denuncia directamente ante el juzgado de guardia o la policía, con la finalidad de evitar duplicidad de procedimientos y garantizar una mayor efectividad en el proceso. No obstante, en el caso de recepción de agresiones ya denunciadas se comunicará a la Fiscalía tal circunstancia, adjuntando copia de la denuncia o atestado, los datos relativos al juzgado que lleva la causa y el número de procedimiento incoado, con objeto de poner en conocimiento del Ministerio Público su existencia y permitir su seguimiento.
Atentado contra la autoridad
La reforma del Código Penal del 1 de julio de 2015 contempla las agresiones a sanitarios que trabajan en el sector público como delito de atentado contra la autoridad (art.550). En este sentido, el convenio especifica que todo atentado, las lesiones que requieran tratamiento médico o quirúrgico, las amenazas o coacciones que den lugar a la incoación de un procedimiento por delito grave o menos grave, tendrán consideración de delito público, por lo que el perdón del ofendido no extinguirá la acción penal. Algo que sí sucederá si el procedimiento es por delito leve.
El protocolo de colaboración incluye un anexo con una serie de pautas para adecuar el procedimiento de denuncias en caso de agresiones a médicos que trabajan en empresas o instituciones privadas. El modo de proceder será similar a la sanidad pública, si bien con un alcance penal más limitado, ya que en estos casos el profesional de la medicina no tiene la condición de funcionario y, por consiguiente, su posición jurídica es como la de cualquier otro particular, no teniendo la agresión carácter de atentado.
Datos
Según datos del Observatorio contra las Agresiones a Médicos de la OMC de España, del que forma parte el Secretario del Colegio Médico de Ourense, José Manuel Bendaña, el año pasado se registraron 490 denuncias de violencia contra médicos en todo el territorio nacional -lo que supone un descenso del 4,8% con respecto a 2017-, y en el 59% de los casos, la víctima fue una mujer. Del total de estos hechos, el 51% conllevaron amenazas; el 35%, insultos, y el 14%, lesiones.
Por comunidades autónomas, el mayor número de denuncias por agresiones se ha dado en Andalucía -124-, Madrid -85- y Cataluña -61. En el caso de Galicia, en dicho periodo se registraron 13 agresiones. La mitad de las conductas violentas se producen en las consultas de atención primaria, frente al 23% de la hospitalaria y el 25% de las urgencias, y el 85% tienen lugar en el sector público. Con respecto a los agresores, siete de cada diez eran pacientes, y el resto, acompañantes.
En cuanto a las causas principales de los casos de violencia, el 46,1% se produjeron debido a discrepancias en la atención médica; el 11,4% por el tiempo en ser atendido; el 11,1% por no recetar lo propuesto por el paciente; el 10,3% en relación a la incapacidad laboral; el 9,2% por discrepancias personales; el 6,1% por el mal funcionamiento del centro y el 5,8% por informes que no eran acordes a sus exigencias.
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