Desde hace ya demasiados años, se viene produciendo una flagrante incoherencia entre la buena valoración de la sociedad española respecto al Sistema Nacional de Salud y la creciente ineficacia del mismo, reflejada en las también crecientes demoras en la atención y las listas de espera... Y los enfados y desesperaciones.
La escasa cultura federal de nuestro país, y por ende el desarrollo leal y eficiente del Estado Autonómico y la Ordenación Consiguiente de los Servicios Públicos Básicos, ha llevado a la elusión de responsabilidades ante los ciudadanos y al paroxismo actual de desconcierto en la utilización de las competencias como arma arrojadiza de irresponsabilidad política, en una estrategia vergonzante de confusión.
Prueba de ello es que, a pesar de las iniciativas legislativas de la Ley de Cohesión y Calidad, que ya se veía imprescindible en el año 2003, y de la posterior Ley de Salud Pública de 2011, los grandes problemas de fondo de la Sanidad española no solo no se han corregido, sino que han aumentado hasta el momento actual, en el que la crisis ya es palpable de manera plausiblemente amenazadora, tanto en la percepción de los ciudadanos (segundo lugar en la preocupación según el CIS), como entre los profesionales sanitarios, llevados al límite en sus competencias y quehacer diario, con la exigencia deontológica de procurar la máxima seguridad y calidad asistencial para el paciente, y por supuesto, para su propia salud y calidad de vida.
¿Cómo hemos llegado a esta situación? Varios factores primordiales:
- La irresponsabilidad social y política: Ni la sociedad es consecuente con el Servicio Público de Calidad del que hasta hace poco presumía (tercero en el ranking mundial), ni desde el compromiso con la utilización sostenible y menos aún en el ejercicio democrático de traslación al voto de la evaluación de la gestión; ni la Política ha tomado decisiones consecuentes e imprescindibles a pesar de asistir desde el burladero privilegiado a la sangría permanente en el Sistema. El rechazo en su día, por el Gobierno de la CCAA de Madrid, a incluirse en la transparencia en la publicación periódica de las Listas de Espera o en el Calendario Vacunal Básico, determinó un punto de inflexión significativo y un buen ejemplo de la táctica que se estaba acelerando. En ambos casos, tanto en lo social como en lo político, todo se va por la boca, hasta el siguiente peldaño de descenso a la catástrofe, que sin duda tendrá lugar más pronto que tarde, ante la indiferencia esquiva de unos y otros.
- Un cambio en las preferencias y comportamientos sociales, que se van deslizando perceptiblemente hacia la resolución individual de los problemas (quienes pueden, como nuevos ricos) y el abandono paulatino de los remedios colectivos. Pero también un cambio en las valoraciones sociales de las profesiones sanitarias, más estimadas ahora por la proyección académica, social y rentabilidad económica, que por el compromiso profesional con el servicio público y el humanismo hipocrático: El SNS da formación y prestigio, pero después prima el mejor postor y la comodidad.
- La degeneración del Sistema de Especialización, no solo en la Formación post grado, sino también ya incubada y arrastrada desde la Formación de Grado, más atento a las "luchas de clases" entre docentes y entre futuros especialistas, que a las necesidades y planificación adecuada de los Recursos sanitarios en el SNS y una sociedad solidaria, y todo ello a pesar de la ciencia demográfica, las ciencias de la salud, informes y vaticinios varios y la evidencia del deterioro del corpus humanista. Especialmente patológica está siendo la titulitis y la especialitis, que arrinconan a la Atención Primaria hacia la marginalidad, siendo como es la Base del Sistema, por su capacidad resolutiva, ordenadora y pedagógica. La consideración profesional, gestora y política ha estado y está muy por debajo de su importancia clave, y la deriva tecnológica y tecnocrática de predominio intrahospitalario, no se ha compensado con estímulos efectivos hacia los profesionales de Atención Primaria, aun sabiendo que su abandono va paralelo a la desertización territorial y social que se produce en barrios y ciudades.
- La arquitectura del Sistema, desarrollada a partir de la Ley General de Sanidad de 1986, con su estructuración, integración y jerarquización de los Servicios Sanitarios, se ha hundido de la mano de la utilización de la "fidelidad" administrativa, gestora e incluso política, en detrimento de la capacidad y mérito y compromiso con el poder de la gestión transformadora. El vano intento que supuso el impulso a las Áreas de Gestión Clínica, sucumbió ante los intereses arbitrarios de unos y otros y a la incapacidad, una vez más, de la Política y también de los representantes de los trabajadores para tomar decisiones valientes y garantistas a medio y largo plazo; desde entonces no hay nada considerable y la arquitectura es una ruina.
- Ante tantos conflictos de intereses y marasmos, es muy difícil elaborar una lista de 10 problemas diagnósticos y sus consiguientes terapias eficaces y prácticas, más allá de las reflexiones sesudas que dan para rellenar y alimentar hojas y hojas, seminarios y mesas más o menos experimentadas y grupos de trabajo y Comisiones, más o menos ilustradas y escasamente útiles. Las apelaciones tipo "mantra" en bucle al Pacto por la Sanidad, esconden casi siempre una agenda oculta que supera a la opinión inteligente de quien ha de comprometerse claramente con la mejora del Sistema Público de Salud derivado de la Ley General de Sanidad del 86, o mostrar claramente y de manera honesta la preferencia legítima por otro modelo alternativo de atención a la salud individual y colectiva.
Más que el Pacto por la Sanidad, las opciones políticas deberían simplificar la oferta de manera práctica e inteligible y los compromisos, para que la ciudadanía pudiese comparar y decidir soberanamente después con su voto, cualquiera que sea el nivel de decisión y competencias.
Claridad, compromisos y consecuencias. Al menos en lo que se refiere a la Organización y Presupuesto, y los profesionales ya se encargarán del resto.
Alberto Fidalgo Francisco, Médico del CHUO, Presidente de la Comisión Deontológica del ICOMOU y Ex Diputado en el Congreso en las VII, VIII y IX Legislaturas.
